6.6 La seguridad jurídica y los derechos humanos

Estos derechos establecen los requisitos que deben observar las autoridades y/o servidores públicos en la aplicación de la ley; buscan impedir la transgresión de las normas aplicables al caso concreto. Así, la actuación de la autoridad deberá estar fundada y motivada en todo momento, es decir, deberá especificar los artículos de las normas bajo las cuales ampara su actuación. Los derechos relativos a la seguridad jurídica cuentan con una relación intrínseca respecto al concepto de Estado de derecho; pues los órganos públicos y sus operadores deben respetar la ley dentro de su funcionamiento y organización, pero, sobre todo, en su relación con el ciudadano.

En cualquier sociedad democrática, los derechos de seguridad jurídica de las personas deben estar garantizados por el Estado para fortalecer el desarrollo pleno del individuo y de la sociedad.    Todo orden jurídico debe, en un Estado democrático, fundarse en el principio de legalidad, de otra manera no tendría sentido el concepto de democracia.

En México, después de la reforma constitucional de 2011, los derechos de seguridad jurídica se encuentran en los artículos 14 al 23 y 29 constitucional. La aplicación y cumplimiento de este conjunto de artículos de la Ley fundamental pretende satisfacer el bien común y la eficacia del sistema jurídico mexicano, por tanto, la consolidación del sistema y el régimen político mexicano.